Nuestro país, que recibe el 46% de las ayudas comunitarias destinadas para la Pesca, continúa teniendo numerosos actores que practican la pesca ilegal. Ecologistas en Acción y OCEAN 2012 celebran, que por primera vez, el Parlamento Europeo aborde el problema de la "ayuda" a la pesca ilegal.
La competencia desleal, la distorsión del mercado en favor de los operadores sin escrúpulos, el agotamiento de las poblaciones mundiales de peces y la disminución de los puestos de trabajo, son algunas de las consecuencias de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés). Un fenómeno mundial que produce un volumen de negocios anual de más de 10 mil millones de euros y que alcanza niveles muy importantes en aguas europeas. Se estima que el 66% del total de capturas en el Mar del Norte y el 50% de los desembarques de atún y pez espada en el Mediterráneo son pescados ilegalmente.
Este es pues, un fenómeno de vastas proporciones y que ayer fue tratando en Bruselas, durante un seminario organizado por Luigi de Magistris, Presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y el Miembro del Parlamento Europeo Gerben-Jan Gerbrandy, en presencia de María Damanaki, Comisaria Europea de Asuntos Marítimos y Pesca, entre otros expertos.
Los datos presentados revelan que en sólo tres países (Italia, Francia y España), se han asignado contribuciones de decenas de millones de euros a buques y operadores pesqueros multados, incluso tras haber realizado en varias ocasiones graves infracciones de la Política Pesquera Común.
Para Francia y España, la lista publicada en Fishsubsidy.org -una web dedicada a hacer público el destino de la ayuda europea en materia de Pesca- es clara, larga y elocuente, y revela la gran cantidad de dinero público, que reciben estos países: más de 13,5 millones de euros otorgados a 36 buques multados por infracciones graves entre 1994 y 2006. Situación similar a la de Italia, donde alrededor de 100 buques, muchos de los cuales han sido multados en varias ocasiones por pescar ilegalmente con redes de deriva, recibieron 13,8 millones de euros en ayudas entre 1999 y 2010.
En el caso Español, varios casos ilustran esta situación. El navío Hodeiertza -construido con 1,2 millones de euros de fondos europeos, recibió en el 2005 una multa por pescar ilegalmente en aguas francesas. En el 2006, después de ser multado, volvió a recibir ayudas públicas por valor de 31.906€ para modernización. Más recientemente, en junio de 2010, la empresa española de pesca de atún de aleta amarilla, Albacora S.L., propietaria del buque Albacora 1, recibió una multa de 5 millones de Euros del gobierno de los EEUU por pescar ilegalmente en aguas estadounidenses (la multa más alta de la historia por parte de la agencia de vigilancia de EEUU-NOAA). Cuatro meses más tarde el Gobierno Español le otorgó 307.000€ para incrementar la seguridad de su flota en el Océano Índico por riesgo a los piratas. Este último ejemplo nos muestra como el gobierno no está tomando las medidas suficientes para gestionar de una manera responsable los fondos públicos.
"Si bien a nivel internacional la Unión Europea ha lanzado una fuerte iniciativa para combatir la pesca IUU, al mismo tiempo se están subvencionando con fondos públicos europeos y nacionales a operadores que desarrollan actividades de pesca ilegal”, sostiene Miquel Ortega, Coordinador político de OCEAN2012 en España, quien también explica que “paradójicamente, las ayudas destinadas a promover la pesca y las comunidades costeras han acabado por causar graves daños ecológicos, sociales y económicos. Por un lado, han sostenido la creación de un exceso de sobrecapacidad pesquera, que indirectamente ha favorecido el fenómeno de la pesca ilegal, y por otro, la falta de control por parte de las instituciones europeas y los Estados Miembro han permitido que los subsidios terminen alimentando a la pesca ilegal."
"Es necesario proceder a una plena aplicación del Reglamento para luchar contra la flota de pesca INDNR en el mercado europeo -agrega Ortega- porque hasta ahora se ha hecho principalmente para controlar la importación de productos pesqueros en el mercado comunitario o de los buques de terceros países, dejando de lado aplicar las mismas sanciones de la Unión Europea también a los buques dedicados a la pesca INDNR."